WASHINGTON - El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisará desde este lunes y durante tres días la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, considerada el mayor logro de su mandato.

Está previsto que la primera sesión de las tres previstas comience a las 10.00 hora local (14.00 GMT) de este lunes.

En sesiones de seis horas diarias, los nueve magistrados del Supremo -cinco de ellos nombrados por presidentes republicanos y los restantes cuatro por demócratas- estudiarán los argumentos a favor y en contra de la llamada Ley de Cuidado Asequible de la Salud, aprobada por el Congreso y promulgada por Obama en 2010.


Los gobiernos de 26 estados, la mayoría republicanos, han presentado demandas contra la ley y, en particular, contra su ingrediente más controvertido: la obligación de que todas las personas en EE.UU. tengan un seguro médico o paguen una multa por no tenerlo.

Para los republicanos esa cláusula va contra la Constitución y, por tanto, su objetivo es que el Supremo emita un dictamen de inconstitucionalidad sobre toda la ley o, en su defecto, sobre alguna de sus partes.

El Gobierno, a su vez, se ampara en la conocida como cláusula de Comercio, recogida en la Constitución y que le otorga al Congreso capacidad para regular la actividad comercial con el extranjero y entre los estados del país.

El dilema está en la interpretación de esa cláusula, ya que los detractores de la reforma argumentan que la Constitución da al Congreso poder para regular el comercio, pero no para "obligar" a las personas a entrar en ese comercio, en este caso a través de la contratación de un seguro de salud.

Según el Gobierno, el requisito de la obligatoriedad es un complemento de los nuevos mecanismos incluidos en la legislación y que crearán sistemas de seguros de salud asequibles para toda la población

Sacar adelante la reforma, la mayor del sistema sanitario en medio siglo, ha sido el principal logro del mandato de Obama y busca extender la cobertura de seguros médicos a toda la población. Actualmente hay casi 50 millones de personas que no tienen esa protección.