WASHINGTON - En una histórica defensa por los derechos de los homosexuales, el presidente Barack Obama pidió el jueves a la Corte Suprema anular la prohibición de los matrimonios gay en California y contemplar con escepticismo leyes similares en todo el país.

El escrito legal del gobierno para el tribunal constituye la primera vez que un presidente pide al máximo órgano judicial extender los derechos de gays y lesbianas para casarse. La documentación también pide inequívocamente a los jueces derogar la ley de California conocida como Propuesta 8, aunque no empleó la retórica vehemente sobre la equidad en el matrimonio que Obama expresó en su discurso de juramentación en enero.

California es uno de ocho estados que otorgaron a las parejas del mismo sexo los beneficios de las que están casadas, mediante la figura de uniones civiles o asociaciones domésticas, pero sin considerar esos contratos como un matrimonio. La negación del matrimonio a los homosexuales, "particularmente cuando California al mismo tiempo otorga a las parejas del mismo sexo todos los derechos sustanciales del matrimonio, viola la equidad en la protección", indicó el gobierno federal.

La postura del gobierno, de ser adoptada por el tribunal, podría derivar en que el matrimonio gay se legalizara en otros siete estados: Delaware, Hawái, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Oregón y Rhode Island.

En el largo plazo, el gobierno pide a los jueces someter leyes que discriminen por la orientación sexual a una revisión más rigurosa que lo usual, un estándar que impediría que otros estados prohíban los matrimonios homosexuales.

El escrito legal representa el punto de vista más extenso que ha dado el presidente sobre el tema y muestra que Obama se está alejando de su aseveración previa de que los estados podían determinar sus propias leyes sobre las parejas gay.

Obama, un ex profesor de derecho constitucional, firmó el argumento legal del gobierno sobre el tema la semana pasada, después de una prolongada discusión con el secretario de Justicia, Eric Holder, y el abogado general del gobierno Donald Verrilli.