SAN FRANCISCO- Un tribunal federal de apelaciones puso a prueba la nueva directriz de inmigración del gobierno de Barack Obama al suspender la deportación de siete inmigrantes que presuntamente están en el país sin autorización legal.

En un fallo con votación de 2-1 el lunes, la corte de apelaciones del 9no circuito exigió que el gobierno explique si los inmigrantes pueden evitar la deportación, debido a dos mensajes dados a conocer el año pasado por el director del servicio de inmigración y aduanas John Morton en los que instaba a los fiscales a usar "criterio" a la hora de decidir en casos de inmigración.

Morton dijo que los fiscales deberían tomar en cuenta factores como servir en las fuerzas armadas estadounidenses, antecedentes criminales, lazos familiares y tiempo de estadía en el país cuando decidan si inician o no un proceso formal de deportación contra inmigrantes indocumentados.

El tribunal le ordenó al gobierno tomar una decisión sobre siete personas en cinco casos para el 19 de marzo. Los inmigrantes en cuestión parecen todos carecer de antecedentes delictivos y ajustarse al criterio expresado en los mensajes, concluyeron los jueces de apelaciones. La orden de dos párrafos, idéntica en los cinco casos, provocó un agudo desacuerdo del juez Diarmuid F. O'Scannlain y acusaciones de "activismo judicial" por parte de un prominente congresista republicano.

"La decisión del Noveno Circuito de suspender cinco casos de deportación es una extralimitación de la autoridad judicial y muestra el peligro inherente de las políticas de amnistía tras bambalinas del gobierno de Obama", dijo el representante republicano Lamar Smith, quien preside el comité judicial de la Cámara.

O'Scannlain fustigó a los jueces William Canby Jr. y Raymond Fisher por emitir una orden que él llamó un "fallo atrevido" y dijo que los jueves carecían de la autoridad para hacer esas exigencias a fiscales.

El gobierno de Obama dice que quiere enfocar las deportaciones en pandilleros, criminales y otras personas consideradas más peligrosas que mujeres embarazadas, estudiantes y residentes de mucho tiempo sin antecedentes delictivos.